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Juicio Monitorio

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¿Qué es un juicio monitorio?

Un juicio monitorio es un procedimiento judicial que se utiliza para resolver disputas civiles en las que existe una deuda clara y acreditada y el deudor no contesta la demanda ni presenta defensa en el plazo establecido. Este tipo de juicio se caracteriza por ser rápido y sencillo, ya que se basa en la presunción de veracidad de la demanda presentada por el acreedor y se limita a determinar el monto de la deuda y a dictar sentencia a favor del acreedor si el deudor no contesta.

Para iniciar un juicio monitorio, el acreedor debe presentar una demanda ante el juzgado de primera instancia en la que exponga los hechos y aporte la documentación necesaria para acreditar la deuda. Una vez presentada la demanda, el juzgado fija un plazo para que el deudor conteste y presente su defensa, si es el caso. Si el deudor no contesta ni presenta defensa dentro del plazo establecido, el juzgado dicta sentencia a favor del acreedor y ordena la ejecución de la deuda. Si el deudor contesta o presenta defensa, el juicio continúa como un procedimiento ordinario y se celebrará una vista para debatir las pretensiones de ambas partes.

Es importante destacar que el juicio monitorio solo puede utilizarse para resolver disputas civiles en las que se reclame una cantidad de dinero determinada y acreditada.

¿Qué documentación necesito para instar un procedimiento monitorio?

Para instar un procedimiento monitorio, es necesario presentar una demanda ante el juzgado de primera instancia y aportar la siguiente documentación:

  • Documento acreditativo de la deuda: puede ser una factura, una letra de cambio, un contrato o cualquier otro documento que acredite la existencia de la deuda y el monto que se reclama.

  • Certificación de la deuda: se trata de un documento emitido por el acreedor en el que se detallan los hechos que han dado lugar a la deuda, el monto que se reclama y la fecha en la que se exigió al deudor el pago.

  • Pruebas adicionales: pueden ser cualquier tipo de pruebas que ayuden a acreditar la deuda, como por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas en las que se haya discutido la deuda.

Es importante destacar que la documentación presentada debe ser clara y completa para que el juzgado pueda determinar si existe una deuda clara y acreditada y dictar sentencia a favor del acreedor en caso de que el deudor no conteste.

Además, es necesario pagar las tasas judiciales correspondientes para instar el procedimiento monitorio.

¿Puedo oponerme a un procedimiento monitorio?

Sí, es posible oponerse a un procedimiento monitorio si se considera que la deuda no existe o que el monto reclamado es incorrecto. Para ello, es necesario presentar una contestación a la demanda y presentar la defensa correspondiente ante el juzgado de primera instancia dentro del plazo establecido.

Si el deudor presenta una contestación y defensa dentro del plazo establecido, el procedimiento monitorio finaliza y se abre el juicio declarativo correspondiente. Si la deuda reclamada es inferior a 6.000 euros, el juicio se sustanciará mediante un juicio verbal, que es un procedimiento más rápido y sencillo que el juicio ordinario. Si la deuda reclamada es superior a 6.000 euros, el juicio se sustanciará mediante un juicio ordinario, que es un procedimiento más complejo y requiere más tiempo para ser resuelto.

Es importante destacar que es necesario presentar la contestación y la defensa dentro del plazo establecido por el juzgado, ya que si no se hace así se presupone la veracidad de la demanda y el juzgado dictará sentencia a favor del acreedor. Por tanto, es fundamental presentar la contestación y la defensa a tiempo para poder oponerse al procedimiento monitorio.

Diferencias entre juicio verbal y juicio ordinario

En el juicio verbal: cuando la deuda sea inferior a 6.000 € las partes presentan sus pretensiones y aportan la documentación necesaria para acreditarlas ante el juez, que dicta sentencia basándose en la prueba presentada.

En el juicio ordinario: cuando la deuda sea superior a 6.000 € las partes presentan sus pretensiones y aportan la documentación necesaria para acreditarlas ante el juez, que dicta sentencia basándose en la prueba presentada y, en algunos casos, puede realizar pruebas adicionales como testigos o peritos para aclarar el litigio.

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