Los pactos entre operadores para fijar costes máximos en ciertos comestibles está prohibido por ley, ha advertido este viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a causa de la reciente iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
La CNMC se ha posicionado así frente a la asamblea que sostendrán el lunes próximo la vicepresidenta y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con organizaciones de usuarios y patronales de la distribución para tratar su iniciativa de limitar los costes de los comestibles básicos de la cesta de compra frente al impacto de la inflación.
Conforme el organismo, tanto la Ley de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea prohíben de manera expresa los pactos o recomendaciones de fijación de costes u otras condiciones comerciales que limiten o falseen la competencia.
La fijación entre operadores de costos máximos, aun bajo el auspicio o el impulso de autoridades públicas, es un pacto de costes de los prohibidos por esas normativas, ha apuntado la CNMC.
La Comisión ha destacado que tiene la obligación de observar, investigar y sancionar cualquier concertación que puedan convenir las compañías, y ha aconsejado valorar cuidadosamente los efectos de toda intervención pública en materia de precios.
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A su juicio, un pacto para la fijación de costes máximos, si bien sea puntual, determina un estándar o baremo de fijación de costos que eventualmente desemboca en costes más altos, menos innovación, menor inversión y una perturbación negativa de la estructura competitiva del mercado.
La CNMC ha alertado de la posible mengua en la competencia en costos por parte de las compañías, como de la imposibilidad de los pequeños y medianos operadores de proseguir esta clase de medidas en contextos económicos afines al actual.
Estas medidas pueden acarrear un fortalecimiento de los grandes operadores de mercado en menoscabo del resto, con efectos negativos en un largo plazo en la estructura competitiva del mercado y, en consecuencia, en los consumidores.
El organismo ha explicado que las grandes distribuidoras, por su mayor músculo financiero, poder de negociación y diversificación del negocio, pueden estar en situación de encarar las ventas a pérdida que pueden implicar los encuentres acordados.
Las pequeñas distribuidoras, en desventaja, pueden terminar desapareciendo en un contexto como el presente, marcado por los elevados costos de producción, de forma que se suprime la competencia, hecho que siempre y en todo momento daña a los consumidores, conforme la CNMC.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recordado que la regulación pública de los costos tiene en general efectos contraproducentes y deben ponderarse cuidadosamente los efectos de la regulación en el medio y largo plazo.
