Actualmente la mayoría de las pruebas de infidelidad que acreditan los clientes de sus parejas, han sido mediante nuevas tecnologías, como WhatsApp, correos electrónicos, móvil o iPad, de las cuales la obtención de dichas pruebas a veces han sido recogidas de forma lícita y otras ocasiones, pues, no tanto.
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Siempre que busquemos la pregunta sobre, “si la infidelidad es causa de divorcio o ruptura en pareja de hecho en nuestro sistema legal”, la respuesta es no, sin daño moral, material o de salud, evidentemente, donde supone la decisión de divorcio por dicha causa.
No hay culpables en la separación o divorcio, ni la infidelidad tiene consecuencias legales que no afecten a las medidas a tomar, salvo que existan hechos que puedan influir a esas medidas, como, por ejemplo, si existe un menor y uno de la pareja se traslada a otra ciudad a vivir con su nueva pareja, claramente esto afecta a dichas medidas.
Lo más curioso de esta pregunta es que un gran número de casos de infidelidad conyugal se detectan vía e-mail o WhatsApp, y en general indican la existencia de relaciones paralelas de cierta duración, y en muchos casos derivadas de la aplicación de la decisión de divorcio.
El derecho a la intimidad y secreto en las comunicaciones implica que el correo electrónico o los mensajes móviles se encuentran en la privacidad de las personas y que el acceso sin consentimiento puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos especificados en el artículo 197 del Código Penal.
Es cierto que, en la mayoría de los matrimonios o parejas de hecho, este consentimiento está presente: así que como normalidad se suele acceder al móvil de la pareja o incluso al correo electrónico con consentimiento explícito, como por ejemplo, mirar un billete de viaje, internet o simplemente la pareja no puede coger el teléfono y le pide a su pareja que conteste.
Estas pequeñas cosas son las que comúnmente alegan las parejas en el descubrimiento de la infidelidad.
Los correos electrónicos o mensajes expuestos muestran infidelidad, si se obtienen sin el consentimiento de la otra parte, constituyen una violación del derecho a la confidencialidad y vulneración de las comunicaciones, y por tanto, su contribución a los procesos judiciales, puede constituir un delito, salvo que se demuestre consentimiento expreso.
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No obstante, la presencia o ausencia de infidelidad, siempre que no afecte las medidas tomadas contra los menores o implique daños patrimoniales, no aporta de ninguna forma ni significación jurídica, pues la infidelidad tiene consecuencias en la decisión de divorcio, pero no en medidas judiciales aprobadas, ni en matrimonios o cónyuges con hijos, salvo excepciones.
Una de estas excepciones puede ser la actuación en relación con la pensión compensatoria, ya que la existencia de una nueva relación similar a la conyugal puede significar la ausencia de una pensión, aunque esta situación debe analizarse con mucho cuidado.
